CNBES discute legislación sobre interrupción de embarazo por causa médica

Nota publicada en Diario Co Latino el 29 de julio de 2012

Redacción Diario Co Latino. La Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES) realizó un foro de discusión sobre la legislación nacional en torno a la interrupción del embarazo por causa médica en El Salvador y las implicaciones de la penalización absoluta del aborto.

Este evento se desarrolló  el pasado jueves 19 de julio de 2012, en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.
En el foro se presentaron datos vinculados a la problemática y se contó con la participación de funcionarios de gobierno, especialistas en el ámbito médico-científico y jurídico.

Los participantes fueron Sofía Villalta, directora de la Unidad de Atención Integral e Integrada a la Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud; Roberto Sánchez Ochoa, director del Hospital Nacional de Maternidad y miembro de la Asociación Salvadoreña de Ginecología y Obstetricia; y  Raquel Caballero, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.

Todos los participantes fueron escogidos tomando en cuenta su amplio conocimiento de las políticas sobre salud sexual y reproductiva, la práctica clínica diaria de los ginecólogos y obstetras del principal centro de salud  especializado  del país, y la protección y defensa de los derechos humanos de la mujer y la familia.

El foro permitió que se estableciera un diálogo abierto con los invitados de 14 organizaciones e instituciones públicas y privadas (organizaciones no gubernamentales, universidades) vinculadas directamente con la problemática, y algunos especialistas reconocidos por su trayectoria profesional.

Uno de los acuerdos al final de la actividad fue convocar a una segunda jornada de diálogo, la cual se llevará a cabo el jueves 9 de agosto de 2012, en las instalaciones de FEPADE, a las 4 de la tarde. Se espera la participación de los mismos ponentes.

Esta convocatoria tenía como  fin  buscar aproximaciones y acuerdos que conduzcan al establecimiento de marcos jurídicos y políticas públicas, que favorezcan el desarrollo humano y contribuyan a la construcción de un Estado comprometido con la justicia social y que garantice los derechos humanos fundamentales de la población salvadoreña, según la CNBES.

Necesidad de un debate sobre la salud sexual y reproductiva

Julia Evelyn Martínez

Muchas veces creemos que con la llegada de la Ilustración o del postmodernismo,  historias como las de Galileo Galilei pertenecen a un obscuro pasado, al cual la humanidad no podrá retroceder jamás. Otras veces, confiamos que los avances científicos y  la masificación de los medios de información y de comunicación en la era de la globalización representan la mejor garantía de que las sociedades no sucumban al  influjo  de la superstición y los mitos.  

Sin embargo, en pleno siglo XXI se puede aún constatar en nuestro país como grupos de fanáticos/as religiosos/as imponen sus dogmas de fe como normas jurídicas, sociales y/o políticas a la cuales debe ajustarse la sociedad y la comunidad científica. Estos grupos  tienen el poder de enviar a la hoguera del desprestigio y del aislamiento social a cualquiera que intente cuestionar estos dogmas y/o sustituirlos por verdades científicas. Por eso, los partidos políticos, el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación, los tanques de pensamiento y hasta las universidades, les temen, y están dispuestos a evitar a toda costa entrar en una abierta confrontación con ellos, aunque esto signifique renegar de la ciencia y/o de los derechos humanos. 

Se dice que para muestra un botón. Tomemos como botón de muestra de este retorno al oscurantismo, la postura de la Jerarquía de la Iglesia Católica en torno a la prohibición del uso de métodos anticonceptivos de emergencia, (conocidos como “píldoras del día después”), cuyo uso podría evitar embarazos forzados en mujeres que han sido víctimas de violación o que han sido obligadas por sus parejas a mantener relaciones sexuales sin protección.  

El uso de métodos anticonceptivos es una constante a lo lago de la historia de la humanidad  y su uso esta documentado en las grandes civilizaciones y culturas (Egipto, Grecia, Roma, China, etc.). Es decir, estos métodos no aparecen con el advenimiento de la “revolución sexual” de los años sesenta ni tampoco con la aprobación de instrumentos jurídicos relacionados con los  derechos  humanos de las mujeres. Se trata de un campo de investigación y desarrollo de la ciencia  en constante innovación, que ha permitido mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, y que hasta el advenimiento del neoconservadurismo y del neo integrismo en los años ochenta, no contaba con una oposición significativa de parte de sectores religiosos. 

De acuerdo al Doctor Horacio Bruno Croxatto, considerado la máxima autoridad científica en materia de  investigación y desarrollo de métodos anticonceptivos de emergencia en el mundo, las PAE son solo compuestos hormonales que actúan en la fase pre-ovulatoria, es decir, antes de la fecundación de un ovulo y de implantación  de un embrión en el útero, que es cuando científicamente se reconoce la existencia de un embarazo. Lo único que pueden hacer las PAE para impedir el embarazo es retardar o inhibir  la ovulación, (impedir que el ovulo salga del ovario). Una vez que la ovulación ha ocurrido, las PAE no tienen ningún efecto. De allí la importancia de usarlas lo antes posible después de una relación sexual y no esperar “hasta el día después”. 

Gracias a científicos como Croxatto es posible el uso  las PAE en países con leyes restrictivas a todas las formas de interrupción del embarazo (como El Salvador), en donde se ha convertido en una medida fundamental para el mantenimiento de la salud de las mujeres, en especial de aquellas que  han sido abusadas sexualmente y que se les niega el derecho a decidir libremente respeto a su maternidad. 

Muchos embarazos por violación o por sexo forzado pueden evitarse de esta manera, y con ello se puede prevenir  abortos en condiciones inseguras, suicidios de mujeres con embarazos forzados y hasta asesinatos y/o el abandono de recién nacidos/as. De allí la importancia que el personal médico que atiende a una mujer en este tipo de situaciones suministre estos AE como parte del protocolo obligatorio de atención. 

Sin embargo, pese a esto, ciertos sectores oscurantistas y sexofóbicos de la sociedad salvadoreña que cuentan con supremos  poderes ideológicos, políticos, económicos y mediáticos, insisten en acallar y condenar estas verdades científicas y se afanan en sustituirlas por las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, según la cual “la píldora del día después es abortiva”, para lo cual se basan en la doctrina de la Academia Pontificia para la Vida, según la cual las PAE impiden la anidación del óvulo fecundado en él útero, y con ello truncan la posibilidad de un embarazo”. 

A partir de esta doctrina, la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano ha hecho un llamado a médicos y farmacéuticos a que «apliquen con firmeza la objeción de conciencia moral» y que testimonien «con valentía y con los hechos el valor inalienable de la vida humana, especialmente frente a nuevas formas subrepticias de agresión a los individuos más débiles e indefensos, como es el caso del embrión humano». 

Este llamamiento significa que se nieguen a proporcionar PAE a mujeres que lo necesiten aún cuando las leyes del país les ordenen hacerlo y  peor aún, que se nieguen a proporcionarlas a sabiendas que  la salud y la vida de una mujer se pondrán en peligro por la no prevención de un embarazo. Los expertos y expertas del Opus Dei y de la Fundación Sí a Vida en nuestro país funcionan como caja de resonancia de esta doctrina de fe, y se encargan de divulgar mediante diversos medios y ante distintos públicos (especialmente adolescentes y jóvenes) la doctrina según la cual las PAE son abortivas y que no deben ser utilizadas, ni siquiera cuando una mujer ha sido víctima de una violación sexual. 

Mientras esto sucede ante la indiferencia de la comunidad científica salvadoreña, un reciente estudio elaborado por investigadores/as de la OMS y del Instituto Gutmacher, publicado por la revista científica The Lancet el 19.01.2012,  advierte que pese a la disminución en la tasa de abortos experimentada en los últimos años a nivel mundial, en América Latina los abortos están aumentando, especialmente los practicados en condiciones peligrosas para la salud y la vida de las mujeres: 32 por cada 1,000 mujeres. 

De acuerdo a este estudio, la tendencia al aumento en la tasa de abortos en la región coincide con la aprobación de reformas legales para  prohibir todas las formas de interrupción voluntaria del embarazo, que a su vez han estado acompañadas de mayores obstáculos para el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos.  

Frente a esta evidencia, se necesita que en nuestro país se abra un debate sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que sea científico y ético al mismo tiempo. De lo contrario, miles de mujeres seguirán pagando con su salud y sus vidas, el costo de no hacer nada frente a la influencia de los fundamentalismos religiosos sobre las políticas públicas.  Por eso es urgente que la  comunidad científica salvadoreña salga del cómodo refugio en el que se encuentra, e ilumine las mentes y el conocimiento de quienes tienen en sus manos garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y en particular el de aquellas mujeres que necesitan al menos prevenir un embarazo forzado.

¿Podemos esperar que la comunidad científica salvadoreña se decida a  participar en este debate o es que como Galileo Galilei también optarán por callar para no terminar en la hoguera de los inquisidores del siglo XXI?.

¿Debería asumirse el tema de la bioética dentro de las políticas de salud pública?

Carlos Molina Velásquez

Para responder mejor a esta pregunta hace falta ampliarla: ¿se ha ocupado la bioética de lo que debería? Es evidente que el enfoque que proponen especialistas como Garrafa es bastante reciente, pero la bioética “tradicional” tampoco es algo muy viejo. Quizás eso sea una ventaja, como lo es el despertar latinoamericano en torno al tema.

Y algo que caracteriza a este despertar es su fuerte énfasis interdisciplinario. La complejidad de las situaciones exige un abordaje que acerque a filósofos, médicos, teólogos, sociólogos y a todos aquellos que puedan aportar desde su específico ámbito del conocimiento. Pero también obliga al investigador clínico a sumergirse en la filosofía o a que el teólogo se documente bien sobre los nuevos descubrimientos en el campo de la genética. No se trata de construir compartimientos estancos, sino generar un fructífero diálogo entre disciplinas y aún pensar en su misma reconstitución.

Pero la interdisciplinariedad no es suficiente, ya que si no se posibilita que los diversos involucrados —alguien diría: “los grupos de interés”— formen parte del esfuerzo de investigación, discusión, prescripción y regulación, el compartir entre disciplinas podría ser fácilmente convertido en un nuevo búnker al que sólo tendrían acceso los iluminados. Por eso es que las comisiones consultivas de bioética o los comités de ética de la investigación deben estar conformados por una amplia gama de personas que representen a sectores sociales, culturales y de creencias variadas, y no sólo por académicos y científicos.

Tampoco hay que olvidar que “las ciencias y las filosofías” no están libres de condicionantes culturales o de clase, por lo que debe garantizarse que en los esfuerzos en torno a la bioética participen representantes de diversos modos de pensar y las más variadas ideologías. Y en este punto es conveniente poner en guardia contra quienes sostienen que representan “una verdad más allá de los cambios históricos y las diferencias culturales” o frente a los que dicen hablar en nombre “del interés común que trasciende las ideologías”. Ambas son posiciones claramente ideológicas, precisamente por apelar a una neutralidad u objetividad que tiene por objetivo presentarlas como las únicas capaces de integrar las diferencias, cuando lo que realmente pretenden es anularlas.

 Una política de salud clara con respecto a la bioética no es sólo una necesidad sino que tiene carácter urgente, ya que debemos hacer frente a toda clase de problemas —persistentes y emergentes— que afectan a la población donde más le duele, y que es precisamente donde más podría dolerle al nuevo gobierno cuando llegue la hora de la rendición de cuentas. Por lo cual fue necesario la conformación de la Comisión Nacional de Bioética.

Una política de salud clara con respecto a la bioética es una necesidad urgente

Carlos Molina Velásquez

La verdad es que sobre la bioética hace falta mucha más reflexión y acciones que involucren a sectores diversos, tanto de la academia como en la misma sociedad. No siempre los que muestran más interés en la bioética son los más dispuestos a entablar diálogos abiertos.

En El Salvador, hasta hace muy poco, frente a temas como la clonación, el aborto o el uso de anticonceptivos han predominado la prédica y las posturas dogmáticas, y hemos carecido de las condiciones para una discusión amplia y abierta a las posturas distintas, y a lo que aportan los avances científicos.

Los sectores de pensamiento progresista no sólo han preferido mantenerse al margen de estas discusiones —con algunas pocas excepciones—, sino que han considerado que la bioética es terreno poco apto para reivindicaciones sociales más profundas.

El carácter de “minoritarios” que pueden sugerir algunas situaciones como el aborto o la eutanasia, tanto en lo que tienen de “aislados” como en cuanto afectan a un número reducido de personas, se suma a la constatación de que hay otros problemas mucho más urgentes y amplios, y que afectan a grandes sectores de la población. Pero mantener esta postura ha sido y sigue siendo un grave error.

Los temas “tradicionales” en bioética son importantes para todos, ya que involucran situaciones en las que cualquier ser humano podría encontrarse envuelto. Además, el que los registros oficiales señalen pocos casos no significa que no haya más o que la problemática no sea más seria. Recordemos también que los abortos ilegales causan muchas más muertes entre las mujeres pobres y que las implicaciones de una política pública errada en lo que respecta a la planificación familiar son mucho más dramáticas entre las familias de escasos recursos y poca educación.

Agreguemos que, desde otra perspectiva, desatender dichos problemas resulta inadmisible para el investigador serio. Tanto el científico de la salud, el moralista cristiano o el filósofo preocupado en los criterios éticos que predominan en la práctica clínica deben reconocer la generalidad implícita en aquellos problemas “particulares”, ya que involucran aspectos de la humanidad en general.

Ahora bien, podríamos aventurar que la falta de interés en la bioética se debe, en parte, a que se la ha limitado a lo que el bioeticista brasileño Volnei Garrafa llama “problemas emergentes”, es decir, los que aparecen a medida que las ciencias de la salud realizan nuevos descubrimientos y se producen nuevos avances en las tecnologías médicas. Para Garrafa, esto significa dejar de lado todo el ámbito de los “problemas persistentes” —la necesaria erradicación de la fiebre amarilla, la tuberculosis y otros males que aún aquejan a los pobres, que son la mayoría en el mundo—, los cuales no generan demasiado interés en nuestras sociedades, a lo mejor porque no son “de interés” para las grandes compañías farmacéuticas, los medios de comunicación y las políticas de salud de un gran número de países.