Nota publicada en Diario Co Latino el 29 de julio de 2012
Redacción Diario Co Latino. La Comisión Nacional de Bioética de
El Salvador (CNBES) realizó un foro de discusión sobre la legislación
nacional en torno a la interrupción del embarazo por causa médica en El
Salvador y las implicaciones de la penalización absoluta del aborto.
Este evento se desarrolló el pasado jueves 19 de julio de 2012, en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.
En
el foro se presentaron datos vinculados a la problemática y se contó
con la participación de funcionarios de gobierno, especialistas en el
ámbito médico-científico y jurídico.
Los participantes fueron Sofía Villalta, directora de la Unidad
de Atención Integral e Integrada a la Salud Sexual y Reproductiva del
Ministerio de Salud; Roberto Sánchez Ochoa, director del Hospital
Nacional de Maternidad y miembro de la Asociación Salvadoreña de
Ginecología y Obstetricia; y Raquel Caballero, Procuradora Adjunta para
la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.
Todos los participantes fueron escogidos tomando en cuenta su
amplio conocimiento de las políticas sobre salud sexual y reproductiva,
la práctica clínica diaria de los ginecólogos y obstetras del principal
centro de salud especializado del país, y la protección y defensa de
los derechos humanos de la mujer y la familia.
El foro permitió que se estableciera un diálogo abierto con los
invitados de 14 organizaciones e instituciones públicas y privadas
(organizaciones no gubernamentales, universidades) vinculadas
directamente con la problemática, y algunos especialistas reconocidos
por su trayectoria profesional.
Uno de los acuerdos al final de la actividad fue convocar a una
segunda jornada de diálogo, la cual se llevará a cabo el jueves 9 de
agosto de 2012, en las instalaciones de FEPADE, a las 4 de la tarde. Se
espera la participación de los mismos ponentes.
Esta convocatoria tenía como fin buscar aproximaciones y
acuerdos que conduzcan al establecimiento de marcos jurídicos y
políticas públicas, que favorezcan el desarrollo humano y contribuyan a
la construcción de un Estado comprometido con la justicia social y que
garantice los derechos humanos fundamentales de la población
salvadoreña, según la CNBES.
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