Julia
Evelyn Martínez
Muchas veces
creemos que con la llegada de la Ilustración o del postmodernismo,
historias como las de Galileo Galilei pertenecen a un obscuro pasado, al cual
la humanidad no podrá retroceder jamás. Otras veces, confiamos que los avances
científicos y la masificación de los medios de información y de
comunicación en la era de la globalización representan la mejor garantía de que
las sociedades no sucumban al influjo de la superstición y los
mitos.
Sin embargo,
en pleno siglo XXI se puede aún constatar en nuestro país como grupos de
fanáticos/as religiosos/as imponen sus dogmas de fe como normas jurídicas,
sociales y/o políticas a la cuales debe ajustarse la sociedad y la comunidad
científica. Estos grupos tienen el poder de enviar a la hoguera del
desprestigio y del aislamiento social a cualquiera que intente cuestionar estos
dogmas y/o sustituirlos por verdades científicas. Por eso, los partidos
políticos, el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, los medios de comunicación, los tanques de pensamiento y hasta las
universidades, les temen, y están dispuestos a evitar a toda costa entrar en
una abierta confrontación con ellos, aunque esto signifique renegar de la
ciencia y/o de los derechos humanos.
Se dice que
para muestra un botón. Tomemos como botón de muestra de este retorno al
oscurantismo, la postura de la Jerarquía de la Iglesia Católica en torno a la
prohibición del uso de métodos anticonceptivos de emergencia, (conocidos como
“píldoras del día después”), cuyo uso podría evitar embarazos forzados en
mujeres que han sido víctimas de violación o que han sido obligadas por sus
parejas a mantener relaciones sexuales sin protección.
El uso de
métodos anticonceptivos es una constante a lo lago de la historia de la
humanidad y su uso esta documentado en las grandes civilizaciones y
culturas (Egipto, Grecia, Roma, China, etc.). Es decir, estos métodos no
aparecen con el advenimiento de la “revolución sexual” de los años sesenta ni
tampoco con la aprobación de instrumentos jurídicos relacionados con los
derechos humanos de las mujeres. Se trata de un campo de investigación y
desarrollo de la ciencia en constante innovación, que ha permitido
mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de millones de mujeres y
hombres en todo el mundo, y que hasta el advenimiento del neoconservadurismo y
del neo integrismo en los años ochenta, no contaba con una oposición
significativa de parte de sectores religiosos.
De acuerdo al
Doctor Horacio Bruno Croxatto, considerado la máxima autoridad científica en
materia de investigación y desarrollo de métodos anticonceptivos de
emergencia en el mundo, las PAE son solo compuestos hormonales que actúan en la
fase pre-ovulatoria, es decir, antes de la fecundación de un ovulo y de
implantación de un embrión en el útero, que es cuando científicamente se
reconoce la existencia de un embarazo. Lo único que pueden hacer las PAE para
impedir el embarazo es retardar o inhibir la ovulación, (impedir que el
ovulo salga del ovario). Una vez que la ovulación ha ocurrido, las PAE no
tienen ningún efecto. De allí la importancia de usarlas lo antes posible
después de una relación sexual y no esperar “hasta el día después”.
Gracias a
científicos como Croxatto es posible el uso las PAE en países con leyes
restrictivas a todas las formas de interrupción del embarazo (como El
Salvador), en donde se ha convertido en una medida fundamental para el
mantenimiento de la salud de las mujeres, en especial de aquellas que han
sido abusadas sexualmente y que se les niega el derecho a decidir libremente
respeto a su maternidad.
Muchos embarazos por violación o por sexo forzado
pueden evitarse de esta manera, y con ello se puede prevenir abortos en
condiciones inseguras, suicidios de mujeres con embarazos forzados y hasta
asesinatos y/o el abandono de recién nacidos/as. De allí la importancia que el
personal médico que atiende a una mujer en este tipo de situaciones suministre
estos AE como parte del protocolo obligatorio de atención.
Sin embargo,
pese a esto, ciertos sectores oscurantistas y sexofóbicos de la sociedad
salvadoreña que cuentan con supremos poderes ideológicos, políticos,
económicos y mediáticos, insisten en acallar y condenar estas verdades
científicas y se afanan en sustituirlas por las enseñanzas de la Santa Madre
Iglesia, según la cual “la píldora del día después es abortiva”, para lo cual
se basan en la doctrina de la Academia Pontificia para la Vida, según la cual
las PAE impiden la anidación del óvulo fecundado en él útero, y con ello
truncan la posibilidad de un embarazo”.
A partir de
esta doctrina, la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano ha hecho un
llamado a médicos y farmacéuticos a que «apliquen con firmeza la objeción de
conciencia moral» y que testimonien «con valentía y con los hechos el valor
inalienable de la vida humana, especialmente frente a nuevas formas
subrepticias de agresión a los individuos más débiles e indefensos, como es el
caso del embrión humano».
Este llamamiento significa que se nieguen a
proporcionar PAE a mujeres que lo necesiten aún cuando las leyes del país les
ordenen hacerlo y peor aún, que se nieguen a proporcionarlas a sabiendas
que la salud y la vida de una mujer se pondrán en peligro por la no
prevención de un embarazo. Los expertos y expertas del Opus Dei y de la
Fundación Sí a Vida en nuestro país funcionan como caja de resonancia de esta
doctrina de fe, y se encargan de divulgar mediante diversos medios y ante
distintos públicos (especialmente adolescentes y jóvenes) la doctrina según la
cual las PAE son abortivas y que no deben ser utilizadas, ni siquiera cuando
una mujer ha sido víctima de una violación sexual.
Mientras esto
sucede ante la indiferencia de la comunidad científica salvadoreña, un reciente
estudio elaborado por investigadores/as de la OMS y del Instituto Gutmacher,
publicado por la revista científica The Lancet el 19.01.2012, advierte
que pese a la disminución en la tasa de abortos experimentada en los últimos
años a nivel mundial, en América Latina los abortos están aumentando,
especialmente los practicados en condiciones peligrosas para la salud y la vida
de las mujeres: 32 por cada 1,000 mujeres.
De acuerdo a este estudio, la
tendencia al aumento en la tasa de abortos en la región coincide con la
aprobación de reformas legales para prohibir todas las formas de
interrupción voluntaria del embarazo, que a su vez han estado acompañadas de
mayores obstáculos para el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos.
Frente a esta
evidencia, se necesita que en nuestro país se abra un debate sobre la salud
sexual y reproductiva de las mujeres, que sea científico y ético al mismo tiempo.
De lo contrario, miles de mujeres seguirán pagando con su salud y sus vidas, el
costo de no hacer nada frente a la influencia de los fundamentalismos
religiosos sobre las políticas públicas. Por eso es urgente que la
comunidad científica salvadoreña salga del cómodo refugio en el que se
encuentra, e ilumine las mentes y el conocimiento de quienes tienen en sus
manos garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y en particular el de
aquellas mujeres que necesitan al menos prevenir un embarazo forzado.
¿Podemos
esperar que la comunidad científica salvadoreña se decida a participar en
este debate o es que como Galileo Galilei también optarán por callar para no
terminar en la hoguera de los inquisidores del siglo XXI?.
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